Propuestas de modificación para Código Ingenios

A continuación propuestas de texto para los artículos más discutidos:

Artículo 111
Se considera que este artículo representa un impedimento a la innovación en Ecuador porque es colocar un impuesto del 10% al desarrollo de software.
Se propone utilizar la redacción del Artículo 16 de la Ley de Propiedad Intelectual actual que coloco a continuación:

Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra. En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe competencia desleal.

Artículo 135
El artículo 135 es un complemento al artículo 136 y coloca textualmente la definición de software libre en su texto. Desde mi punto de vista tenemos dos caminos: o poner una definición de todos los tipos de software y formatos que el estado puede contratar o lo retiramos de Código Ingenios para evitar confusión e incluso dejar de lado futuras definiciones de software que pudieran aparecer. Tomar en cuenta que la tecnología cambia todos los días colocar definiciones de este tipo en una ley podría traer repercusiones en el futuro.

Artículo 136
Tomar en cuenta que a pesar de las buenas intenciones que se quiera tener no podemos clasificar el software como se ha venido haciendo porque técnicamente no es correcto. No existe software libre nacional y software libre extranjero porque el software libre no tiene nacionalidad ni dueño y colocar este tipo de definiciones en una ley no sería correcto.

Adicionalmente dado que el universo de tecnología es muy amplio no se ha considerado ni diferenciado que pasa con el software que el estado encarga para su desarrollo vs. el que adquiere el estado ecuatoriano y no es necesario desarrollarlo, por ejemplo: sistemas operativos, suites de ofimática, bases de datos, etc. Este tipo de software no va a ser desarrollado localmente y no se puede clasificar como software libre nacional porque no lo es y una mala definición en el artículo daría a entender que es prioridad del estado adquirir por ejemplo una suite de ofimática desarrollada localmente. Se propone entonces la siguiente redacción:

El sector público y las instituciones del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior en todos sus niveles de formación, deberán promover el uso de estándares abiertos y priorizar la adquisición y uso de software con base a:

Si se está solicitando el desarrollo de software para el sector público:
1. Software de origen ecuatoriano, sea libre o no.
2. Software de origen extranjero, sea libre o no.

Si se está solicitando la provisión de software ya existente en el mercado y que cubre procesos estratégicos del sector público:
1. Software de origen ecuatoriano, sea libre o no.
2. Software libre
3. Software propietario

Si se está solicitando la provisión de software ya existente en el mercado y que NO cubre procesos estratégicos del sector público:
2. Software libre
3. Software propietario

Quedará excluída de la priorización prevista en los incisos anteriores, la contratación de actualizaciones de software adquirido previamente a la entrada en vigencia de este Código; y, los sistemas que por razones técnicas o comerciales no puedan ser reemplazados.

En el caso en que se adquiera software ecuatoriano su código fuente deberá estar registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y las instituciones obligadas en este artículo podrán acceder al mismo solamente por temas de seguridad para revisar que, lo que realiza el software no afecté a la institución, más no podrán publicarlo, ni modificarlo, ni usarlo sin previa autorización de su autor. El software adquirido ecuatoriano tendrá la obligación de compartir sus conocimientos mediante manuales de instalación y uso para que cualquiera pueda implementarlo respetando las condiciones de su autor.

En el caso de que se adquiera software libre, deberán poner a disposición del público bajo estándares de documentación a través del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, el código fuente del software libre desarrollado o contratado.

La contratación de software como servicio de las entidades obligadas en este artículo, también deberá aplicar el esquema de priorización mencionado. En los casos que ameriten por razones de seguridad o importancia de los datos definidos en el reglamento; deberá realizarse únicamente con proveedores que puedan proveer mecanismos de seguridad y encriptación que garanticen la confidencialidad de los datos de acuerdo con la legislación ecuatoriana.

Se exceptúan de esta disposición el software desarrollado o contratado por instituciones públicas que por razones de seguridad deba mantener reservados el código fuente. La instancia que establezca el Presidente de la República mediante reglamento, autorizará la reserva de dicho código fuente.

Artículo 137
Se recomienda retirar la palabra equipos electrónicos o dispositivos electrónicos puesto que televisores, cámaras, tomógrafos, teléfonos, etc., caen en esta definición. Creo que el sentido de este artículo es permitir que quienes compramos una computadora no tengamos que pagar el precio de la licencia de Microsoft Windows con la que vienen la mayor parte de computadoras que se comercializan localmente. Se propone el siguiente texto:

Los usuarios tienen derecho a la libre elección del software en computadores y ordenadores personales.

Los proveedores de este tipo de dispositivos deben permitir que el usuario pueda adquirir con o sin software dichos equipos, así como a permitir al usuario decidir el tipo de software que los distribuidores instalen en esos equipos.

Artículo 37
En este artículo es inquietud de la comunidad de usuarios digitales la inclusión de la palabra “servicio básico” creemos que no puede ser considerado un servicio básico pero que si se debe garantizar la calidad del servicio y vigilar el precio del mismo. Se propone el siguiente texto:

La conexión a Internet responderá a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad internacional. Los organismos competentes vigilarán que el precio de este servicio sea equitativo, y establecerán los mecanismos de control y regulación correspondientes.

Las universidades y escuelas politécnicas deberán poner a disposición libre y gratuita de la comunidad académica conexión de internet inalámbrica en toda el área de sus sedes y extensiones.

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán poner a disposición libre y gratuita de la ciudadanía conexión de internet inalámbrica en los espacios públicos de concurrencia masiva destinados al ocio y entretenimiento, de acuerdo a las condiciones que establezca el Reglamento General.


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One Comment

  1. Luis García

    /

    Pues parece que no acataron ninguna propuesta: art. 168: La ceslcn de derechos se podra pactar a travElsde una participaci6n razonable de los ingresos de explotaci6n, 0, a traves de un valor fijo cuando no sea factible pactar la participaci6n bajo la primera modalidad. Si en la cesion se produjese una manifiesta desproporci6n entre la rernoneraclon del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podra pedir la revision del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remoneracion equitativa, atendidas las circunstancias del caso. Esta facultad podra ejercitarse dentro de los diez aries posteriores a la cesion.


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